Radar Académico

Hare, P. (2013), “PPP and PFI: The political economy of building public infrastructure and delivering services”, Oxford Review of Economic Policy 29(1): 95-112

Publicado el 1 de noviembre de 2013

Problemática planteada: se revisan las formas de asociación público-privada (APP) (inversión pública y contrataciones) que se realizaron en los gobiernos laboristas de 1997-2010, por qué se realizaron y cuáles fueron sus resultados.

Temática abordada:

  • Durante décadas los gobiernos del Reino Unido han invertido en escuelas, hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura pública como parte del gasto público, siendo altamente aceptado por la sociedad.
  • Bajo el gobierno conservador (1979-1997), las opiniones sobre el sector público comenzaron a cambiar, lo que condujo a un cambio en las políticas económicas implementadas hasta ese entonces. La idea de que los servicios públicos debían ser financiados de forma automática por el gobierno fue cada vez más cuestionada. Bajo esta nueva lógica, se suele afirmar que el sector privado es capaz de proporcionar un servicio de calidad superior a un costo reducido, incluso teniendo en cuenta el mayor costo de capital asociado a la provisión privada.
  • En la década de 1990 fue cada vez más evidente que la calidad y el alcance de la infraestructura pública en el Reino Unido estaba por detrás de otros países desarrollados.
  • El gasto en inversión pública se había reducido a niveles muy bajos, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Dado que se percibía una creciente presión sobre los presupuestos públicos, la forma elegida para financiar el gasto en infraestructura pública fue a través del capital privado, sin aumentar el gasto público o el endeudamiento.
  • El programa resultante llegó a ser conocido como la Iniciativa de Financiación Privada (IFP), tanto en el plano de contrataciones como en la inversión pública, quedando bajo el acrónimo de APP o Asociaciones Público-Privadas.

Observaciones finales: el programa IFP no ha logrado el éxito esperado tanto por los economistas mainstream como los políticos conservadores. Se puede remarcar, que el “beneficio” de permitir que la inversión pública se llevara a cabo por fuera del presupuesto, sin contribuir a la deuda pública, fue consecuencia de las peculiaridades de las normas contables nacionales vigentes, y no de los programas propuestos. Durante la década de los 2000, la gestión de los proyectos en el sector público ha reducido en gran medida la “brecha” entre los dos modelos de inversión pública (IFP vs contratación pública tradicional). La lección relevante no es que la contratación tradicional era un mal modelo que necesitaba ser reemplazado por IFP, sino que se trataba de un modelo de mal funcionamiento que ha demostrado ser susceptible de mejoras sustanciales.